En el marco de una estrategia continuada contra el uso irregular del agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) viene reforzando desde hace más de cinco años sus planes de inspección para localizar y clausurar captaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas a la proliferación descontrolada de cultivos de regadío sin derechos administrativos. Estos planes se apoyan de forma creciente en procesos avanzados de tratamiento y análisis de datos, lo que permite maximizar la eficacia de la labor inspectora.

Los aprovechamientos hídricos irregulares no solo provocan un grave deterioro ambiental al sobreexplotar acuíferos y ríos ya sometidos a una fuerte presión, sino que suponen, además, un serio riesgo para la seguridad pública, al tratarse de infraestructuras clandestinas que carecen de control técnico, mantenimiento y medidas básicas de protección.

Las actuaciones se han desplegado en todo el ámbito territorial de la demarcación, apoyadas en el análisis masivo de datos, cartografía avanzada y teledetección, con especial atención a zonas ambientalmente sensibles o declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado de las masas de agua.

Doñana y Sevilla: precintado inmediato de infraestructuras

Uno de los principales focos de actuación ha sido el entorno de Doñana, donde se han llevado a cabo diferentes planes de actuación. Un plan específico sobre la afloración de frutos rojos, dentro y fuera de los suelos agrícolas regables, ha permitido inspeccionar 450 hectáreas y detectar 220 hectáreas de riego ilegal, asociadas a 80 captaciones irregulares. Como respuesta inmediata para frenar la extracción indebida y garantizar la seguridad, la CHG ha ejecutado 55 medidas cautelares de precintado de pozos, ya materializadas sobre el terreno.

A estas actuaciones se suma un plan específico sobre el cultivo de olivar en la zona de influencia del parque nacional, que ha sacado a la luz 395 hectáreas de riego ilegal, de un total de 956 hectáreas inspeccionadas, así como la detección de balsas de almacenamiento de agua potencialmente ilegales. Paralelamente, el organismo mantiene un estricto control volumétrico sobre los grandes usuarios de las masas subterráneas de Almonte, Marismas y La Rocina, declaradas en riesgo.

En la provincia de Sevilla, la vigilancia se ha extendido a la Sierra Sur y a la Vega del Guadalquivir. En estas comarcas se han detectado cultivos de olivar superintensivo y cítricos sin derechos de riego, con más de 300 hectáreas ilegales afloradas y 15 captaciones clandestinas. En la masa de agua Sevilla-Carmona, provisionalmente declarada sobreexplotada, las inspecciones han identificado 266 hectáreas de olivar ilegal y 11 captaciones irregulares, en un plan aún en ejecución.

Jaén y Granada: clausura de sondeos clandestinos para el control del riego ilegal

En la provincia de Jaén, la CHG ha puesto en marcha un ambicioso plan para detectar riego ilegal de olivar en la vega media de la cuenca. De las 240 inspecciones realizadas, se han localizado más de 2.100 hectáreas de riego ilegal, dando lugar a 131 procedimientos sancionadores. Los daños al dominio público hidráulico superan ya los 180.000 euros, y se han adoptado 11 medidas cautelares con el precintado de 14 captaciones no autorizadas. En la Loma de

Úbeda, el análisis de aprovechamientos previamente denegados ha revelado extracciones ilegales superiores a 230.000 metros cúbicos de agua subterránea.

En Granada, la Confederación ha intensificado la vigilancia ante la proliferación de regadíos sin autorización y la implantación de infraestructuras hidráulicas clandestinas. En este contexto, se ha desarrollado un plan específico de inspección en la comarca de Baza, centrado en las campañas de riego 2025 y 2026, orientado a la detección de cultivos de frutal de cáscara en riego potencialmente ilegal, principalmente almendro y pistacho.

Este plan ha contemplado 57 inspecciones sobre una superficie total de 672 hectáreas, con especial atención a explotaciones que carecen de título administrativo para el uso del agua y que disponen de balsas, depósitos, infraestructuras de regulación, instalaciones fotovoltaicas asociadas a bombeos, así como a indicios de movimientos de tierras detectados mediante el análisis de ortofotos históricas, compatibles con la implantación de riego o marcos de plantación intensivos de elevada demanda hídrica.

Dentro de este ámbito, durante la campaña de riego se ha ejecutado un plan de inspección específico en el término municipal de Caniles, que ha abarcado una superficie de 279 hectáreas, repartidas en 37 inspecciones. Hasta la fecha, estas actuaciones han permitido aflorar 97,92 hectáreas de riego ilegal, junto con la detección de 9 pozos y 7 balsas clandestinas, procediéndose a la adopción de las correspondientes medidas administrativas.

Asimismo, en el término municipal de Cúllar se han llevado a cabo inspecciones conjuntas con efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil, reforzando el control sobre captaciones y sondeos sin autorización.

La CHG prevé dar continuidad a este plan específico a lo largo de la campaña de riego de 2026, de forma complementaria a las inspecciones rutinarias del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico y a otros planes de inspección en vigor en el norte de la provincia de Granada.

Tecnología y control exhaustivo del territorio

Para reforzar la eficacia de las actuaciones, la CHG emplea el procesado de ortofotos históricas, una herramienta clave para detectar movimientos de tierras sospechosos, balsas ocultas o la implantación de infraestructuras de riego no declaradas.

Este trabajo se complementa con planes específicos de vigilancia en los ríos Guardal, Monachil y Guadalbullón, así como en las Lagunas del Sur de Córdoba, donde se han realizado centenares de inspecciones destinadas a proteger ecosistemas especialmente frágiles.

Ejecuciones forzosas y reposición del dominio público hidráulico

Como complemento imprescindible a la labor inspectora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir refuerza la ejecución efectiva de las resoluciones administrativas a través del Servicio de Ejecuciones Forzosas, encargado de garantizar el cumplimiento de las sanciones y de las obligaciones de reposición del dominio público hidráulico.

En 2025, este servicio ha gestionado numerosos procedimientos derivados de expedientes sancionadores y revocaciones de autorizaciones, con la emisión de apercibimientos, multas coercitivas, ejecuciones subsidiarias y la tramitación de recursos. Destacan 125 apercibimientos de multa coercitiva, 94 resoluciones de multas coercitivas, 232 apercibimientos y 29 resoluciones de ejecución subsidiaria, así como 34 expedientes de reposición o indemnización por daños.

El despliegue inspector desarrollado durante 2025 y su continuidad en 2026 ponen de manifiesto la magnitud del problema del uso ilegal del agua y la necesidad de mantener una vigilancia constante para proteger el recurso, preservar los acuíferos y garantizar la seguridad, especialmente en un escenario de sequía estructural cada vez más acusado. En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia planes de inspección basados en procesos de tratamiento y análisis de datos, que permitan priorizar actuaciones, optimizar recursos y maximizar la eficacia del contro