El tren de borrascas, con caudales comparables a 2010 y 2013, expone a cerca de 10.000 personas y pone a prueba infraestructuras hidráulicas con un escenario medio de riesgo T10

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha concluido un primer informe técnico sobre el impacto del tren de borrascas registrado entre finales de enero y la primera mitad de febrero de 2026 en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. El documento analiza las afecciones producidas por las borrascas Kristin, Leonardo y Marta y confirma que el episodio se ha situado, en términos generales, en un escenario hidrológico equiparable, salvo excepciones, a un periodo de retorno T10 con caudales comparables a los grandes episodios de 2010 y 2013 en determinados puntos de la cuenca.

El informe recoge también daños en más de una veintena de carreteras y obras de drenaje transversal, con afecciones especialmente relevantes en Benalúa de las Villas, Ríofrío, Salar y otros puntos donde las infraestructuras quedan parcial o totalmente inutilizadas por la fuerza del agua. Entre las vías afectadas figuran la A-4026, la GR-4400, la SE-9225, la CO-4207 o la JA-3200, además de numerosos caminos rurales y accesos agrícolas que sufren erosiones, socavones y pérdida de plataforma. En algunos tramos, como en la GR-4400 o la JA-3200, el agua llegó a comprometer la estabilidad de los terraplenes y a colapsar obras de drenaje, lo que obligó a cortes prolongados y a la ejecución de actuaciones de emergencia.

En cuanto a la población expuesta, se han afectado un total de 60 municipios y el documento incorpora la tabla oficial de estimación incluida en los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI), donde la CHG cruza los resultados de los modelos hidráulicos con datos de población, edificaciones y usos del suelo. Esa tabla identifica, para cada ARPSI -las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación-, cuántas personas quedarían dentro del área inundable en distintos escenarios de probabilidad. Durante este periodo de borrascas las imágenes satelitales de Copernicus confirman que la mayoría de las inundaciones registradas en el Guadalquivir y el Genil se ajustaron a un escenario equivalente al periodo de retorno T10, es decir, una crecida prevista estadísticamente cada diez años. Municipios como Córdoba, Andújar, Palma del Río, Lora del Río, Villanueva de la Reina o la Vega de Granada mostraron patrones de inundación prácticamente idénticos a los modelizados para ese nivel. Loja, Dúdar y Quéntar destacaron como excepción: la crecida del río Genil y Aguas Blancas superaron claramente la envolvente T10, alcanzando caudales extraordinarios que situaron su impacto en un escenario superior, produciendo afecciones similares a un periodo de retorno de 100 años en Dúdar y cercana a 500 años en Quéntar. De este modo, en gran parte de la cuenca, el episodio dejó una huella homogénea, con desbordamientos amplios pero dentro de los márgenes previstos para un T10, salvo las diversas excepciones comentadas.

A partir de este primer análisis, la CHG subraya que la gestión del riesgo de inundación no se limita a actuar durante la emergencia. El organismo recuerda que su labor comienza mucho antes, cuando los modelos meteorológicos anticipan un temporal y se activan los protocolos de laminación de presas para disponer de capacidad suficiente que permita amortiguar las avenidas. Esa anticipación, que pasa desapercibida para la mayoría, resulta clave para reducir daños aguas abajo. Y continúa después, cuando el agua se retira y comienza un trabajo menos visible pero decisivo: evaluar daños, reparar infraestructuras y estudiar en profundidad qué ocurrió para mejorar la respuesta futura.

En este punto cobran especial relevancia los MAPRI, los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación que elabora la CHG en cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE. Estos mapas, integrados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, permiten identificar con precisión qué zonas pueden inundarse, con qué profundidad, con qué velocidad y qué daños potenciales podrían producirse. Su elaboración sigue un proceso reglado que comienza con la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, continúa con la identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSI) y culmina con la elaboración de los MAPRI y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Actualmente está vigente el tercer ciclo de planificación (2022¿2027), que incorpora nuevos datos, necesidades de cambios urbanísticos y mejoras en los modelos hidráulicos.

Estos documentos no son meramente informativos: condicionan la planificación urbanística, obligan a integrar la información en los planes de protección civil y exigen que los ayuntamientos afectados dispongan de planes de emergencia frente a inundaciones