La CHG emprende acciones legales contra una industria tras descubrir una instalación oculta destinada a falsear las condiciones del vertido

04 May 2021

Los técnicos del Organismo de cuenca culminan una investigación iniciada en las últimas semanas al advertir diferencias sustanciales en la calidad del vertido cuando las inspecciones no eran previamente notificadas a la empresa.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha incoado un expediente sancionador a una industria, situada en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), por realizar vertidos susceptibles de contaminar el Dominio Público Hidráulico (DPH) y tener instalado un sistema de dilución del vertido.
 
Una vez se concluyan los análisis de las muestras recogidas, realizados los informes pertinentes, y atendiendo a las circunstancias particulares de los hechos, se podrá remitir denuncia a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, sección de Medio Ambiente, para que se instruyan las diligencias penales que pudieran derivarse de los hechos.
 
En este sentido, las sanciones que contempla la normativa para este tipo de hechos oscilan entre una multa de entre 50.000 y 500.000 euros si la infracción es calificada como grave, y de entre 500.000 y 1.000.000 euros si la misma se califica como muy grave.
 
El dispositivo empleado por la empresa permitía alterar las condiciones de vertido en el punto oficial fijado para la recogida de las muestras. Para ello se servían de una conducción, sita en la instalación y oculta en un registro, por la que se impulsaba una corriente de agua de gran caudal y buena calidad cuando se realizaban las inspecciones por el Organismo de cuenca. Dicha corriente, unida a la de agua residual, facilitaba el cumplimiento de los límites legales autorizados, ocultando una realidad distinta a la Administración. 
 
El empleo de técnicas de dilución está expresamente prohibido en el art. 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 
La detección de los hechos ha sido posible gracias al esfuerzo de los inspectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mediante el empleo de equipos de medición "in situ" de la calidad del agua, que pusieron de manifiesto la discordancia existente en los parámetros de vertido.
 
La CHG se encuentra actualmente inmersa en un proceso de incorporación de nuevas tecnologías entre las herramientas de trabajo a emplear en las inspecciones, con objeto de detectar con mayor precisión situaciones de este tipo.